Llevo varios días sin postear. No por falta de temas o cosas por contar, pero sí por escaso tiempo, que por necesidad, empiezo a otorgarle al descanso. Termina el año y les debo varios posts sobre las conferencias y seminarios que tuve oportunidad de dar y compartir durante los últimos meses en varias facultades de periodismo y comunicación (sí! al fin en las universidades empieza haber lugar para hablar de Internet y medios digitales). Hay mucho por analizar y discutir sobre el tema.
Por otro lado, el trabajo viene agitado porque con el equipo de Clarín Blogs estamos trabajando en grandes novedades que estamos ansiosos por compartir, pero que nos tienen con plena atención.

Hablando de blogs, hay dos concursos en danza. Uno en etapa de definición, El Blogazo de Córdoba que ya está en plena selección. En pocos días se sabrá cuál será el ganador. Y también The Bobs que mañana empieza la fase de postulaciones (va post aparte para hablar del concurso).

No quiero dejar de mencionar que vengo siguiendo, a distancia pero con atención, lo que sucede en España con el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que podría ejercer limitaciones al derecho de expresión en Internet. Para entender la situación sigan los blogs de Rosa, César, Julio Alonso o Enrique Dans, entre otros bloggers españoles.
No es un hecho menor lo que está sucediendo en España, prestemos atención porque en algún momento, a algún «cráneo» local se le puede prender la lamparita y querer hacer lo mismo.
Por supuesto me hago eco del Manifiesto que han escrito:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y
que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.